
El mes de noviembre de 2007 se aprobó en sesión plenaria y por unanimidad la desactivación de dos grandes antenas de telefonía móvil ubicadas en las inmediaciones de viviendas, cercanas a un centro escolar y un parque público (“alcalde Mojarro”), dentro del cual se encuentran ubicadas las mismas.
El compromiso adquirido en dicho pleno dejaba como resultado la desactivación en breve plazo de una de ellas, y la segunda en un plazo de dos años. Dada las consecuencias que está teniendo en la salud demostradas con los datos recogidos puerta a puerta que arrojan; muertes por cáncer, tumores, depresiones, cefaleas continuas, entre otras, ante la potencia de las ondas electromagnéticas por la proximidad de las estaciones de base de telefonía móvil, el ayuntamiento debe presionar para que se desactiven, desmantelen en un breve plazo de tiempo, y no esperar hasta que finalice el contrato de una de ellas para retirarla.
LA SALUD DEL VECINDARIO NO TIENE PLAZOS, LAS ANTENAS SÍ QUE LO TIENEN Y ESOS PLAZOS DEBEN SER BREVES E INFORMADOS POR EL GOBIERNO LOCAL, QUE NO SE PUEDE PLEGAR A LOS INTERESES DE LAS COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS.
Insistimos que las ondas electromagnéticas de las instalaciones de dichas antenas están incidiendo negativamente en la salud. Los poderes públicos, en este sentido nuestra propia corporación, debería aplicar el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y ordenar su DESACTIVACIÓN INMEDIATA.
Almonte es uno de los municipios que hace gala de Agenda XXI, y en tales circunstancias habrían de aplicar el principio de precaución que es parte de esa Agenda XXI de la reunión de Río del año 1992, base de todas las agencias de la ONU que intervienen en el control de las sustancias químicas y la contaminación estableciendo que: “cuando exista la amenaza de daño grave e irreversible, la falta de pruebas científicas no debe usarse como justificación para no proponer medidas encaminadas a evitar la degradación ambiental”, a lo que debe añadirse, así como la salud de la población que forma parte indiscutible del mismo medio. El Real Decreto 1066/2001 del 28 de septiembre en su artículo 7c, por el cual se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones da las emisiones radioeléctricas y protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, dice que: “De manera particular, la ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones radioeléctricas debe minimizar, en la mayor medida posible, los niveles de emisión sobre espacios sensibles, tales como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos”. Condiciones que incumplen las dos antenas.
Los ayuntamientos tienen que asumir, igual que asumen el control de los niveles de ruido, contaminación atmosférica, calidad del agua potable, la realización de mediciones de la radiación de la estaciones base de telefonía móvil, así como para que no se instalen junto a viviendas y queden alejadas en un radio de más de 1000 metros de todo lugar habitado. En ningún caso, esto se ha hecho.
NO estamos contra el uso de las tecnologías, pero siempre y cuando no suponga que los intereses económicos se superpongan y prevalezcan sobre el derecho a la salud de las personas.
POR EL CIERRE Y TRASLADO INMEDIATO DE LAS ANTAS BASE.
DESACTIVACIÓN YA.
Izquierda Unida de Almonte.
El compromiso adquirido en dicho pleno dejaba como resultado la desactivación en breve plazo de una de ellas, y la segunda en un plazo de dos años. Dada las consecuencias que está teniendo en la salud demostradas con los datos recogidos puerta a puerta que arrojan; muertes por cáncer, tumores, depresiones, cefaleas continuas, entre otras, ante la potencia de las ondas electromagnéticas por la proximidad de las estaciones de base de telefonía móvil, el ayuntamiento debe presionar para que se desactiven, desmantelen en un breve plazo de tiempo, y no esperar hasta que finalice el contrato de una de ellas para retirarla.
LA SALUD DEL VECINDARIO NO TIENE PLAZOS, LAS ANTENAS SÍ QUE LO TIENEN Y ESOS PLAZOS DEBEN SER BREVES E INFORMADOS POR EL GOBIERNO LOCAL, QUE NO SE PUEDE PLEGAR A LOS INTERESES DE LAS COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS.
Insistimos que las ondas electromagnéticas de las instalaciones de dichas antenas están incidiendo negativamente en la salud. Los poderes públicos, en este sentido nuestra propia corporación, debería aplicar el PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN y ordenar su DESACTIVACIÓN INMEDIATA.
Almonte es uno de los municipios que hace gala de Agenda XXI, y en tales circunstancias habrían de aplicar el principio de precaución que es parte de esa Agenda XXI de la reunión de Río del año 1992, base de todas las agencias de la ONU que intervienen en el control de las sustancias químicas y la contaminación estableciendo que: “cuando exista la amenaza de daño grave e irreversible, la falta de pruebas científicas no debe usarse como justificación para no proponer medidas encaminadas a evitar la degradación ambiental”, a lo que debe añadirse, así como la salud de la población que forma parte indiscutible del mismo medio. El Real Decreto 1066/2001 del 28 de septiembre en su artículo 7c, por el cual se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones da las emisiones radioeléctricas y protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, dice que: “De manera particular, la ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones radioeléctricas debe minimizar, en la mayor medida posible, los niveles de emisión sobre espacios sensibles, tales como escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos”. Condiciones que incumplen las dos antenas.
Los ayuntamientos tienen que asumir, igual que asumen el control de los niveles de ruido, contaminación atmosférica, calidad del agua potable, la realización de mediciones de la radiación de la estaciones base de telefonía móvil, así como para que no se instalen junto a viviendas y queden alejadas en un radio de más de 1000 metros de todo lugar habitado. En ningún caso, esto se ha hecho.
NO estamos contra el uso de las tecnologías, pero siempre y cuando no suponga que los intereses económicos se superpongan y prevalezcan sobre el derecho a la salud de las personas.
POR EL CIERRE Y TRASLADO INMEDIATO DE LAS ANTAS BASE.
DESACTIVACIÓN YA.
Izquierda Unida de Almonte.