DEFENSA DE LOS SERVICIOS ESENCIALES MUNICIPALES ANTE LA LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO ENERGÉTICO EN ESPAÑA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El proceso de implementación del proyecto neoliberal en nuestro país, marcado en gran medida por las políticas socio-económicas impuestas por las instituciones supranacionales de la U.E. y adoptadas y defendidas por los últimos gobiernos españoles independientemente de su color político, ha significado la privatización y mercantilización de servicios y empresas estratégicas, afectando negativamente a la mayoría de la población y a las instituciones públicas que prestan servicios básicos fundamentales a la ciudadanía.
A pesar de la crisis financiera y socio-económica por la que atraviesa el modelo imperante en las últimas décadas, desde los poderes económicos y políticos dominantes se sigue implementando esas políticas fracasadas. De acuerdo con esta política socio-económica suicida para los intereses generales y públicos, ahora toca completar el denominado proceso de “liberalización del mercado energético”.
Culminado este proceso para los grandes consumidores en Alta Tensión, y visto el fracaso de la “liberalización” para los suministros de Baja Tensión que comenzó en el año 2000, la Ley 17/2007 suprime, a partir del día 1 de enero de 2009, el sistema tarifario de electricidad aunque prevee el establecimiento de unas tarifas de “último recurso”, que son precios máximos y mínimos establecidos por la Administración para determinados consumidores, para quienes se concibe el suministro eléctrico como servicio universal.
El Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, que regula la puesta en marcha del suministro del último recurso en el sector de la energía eléctrica, establece que a partir del 1 de julio de 2009 las tarifas integrales de energía eléctrica quedan extinguidas. Asimismo, establece que pueden acogerse a las tarifas de último recurso los consumidores finales de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 KW. No obstante, dicho límite de potencia podrá ser modificado por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.
Por ello, a partir del 1 de julio todos los suministros de baja tensión que no hayan optado por el pase al “mercado libre” (contratando el suministro con una comercializadora) pasan a una COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO (CUR) con una TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR) regulada por el gobierno. Las CUR serán las únicas comercializadoras obligadas a contratar los suministros con derecho a ello y al precio fijado por el gobierno, además de ser las únicas comercializadoras que podrán dar el BONO SOCIAL.
Los efectos a corto y medio plazo serán importantes para la inmensa mayoría de la población y, sobre todo, para las administraciones públicas que tienen la obligación de prestar servicios esenciales a la sociedad. Especialmente los Ayuntamientos se encontrarán a expensas de los intereses privados de las empresas comercializadoras.
Esta situación va a provocar irremediablemente que los Ayuntamientos con potencia contratada superior a los 10 KW., y por tanto sin derecho a tarifa de último recurso, tengan que iniciar la contratación del suministro eléctrico con una comercializadora y negociar las tarifas. Esto en una situación de falta de información e incertidumbre donde las Corporaciones Locales están siendo estigmatizadas por las compañías cuasi monopolísticas que controlan el mercado.
Además, mientras los Ayuntamientos culminan los expedientes correspondientes para contratar el suministro, serán penalizados con un 5% cada mes mientras no se pasen al “mercado libre”, pues la norma así lo establece para estimularlos a que lo hagan. La subida de la tarifa eléctrica consecuentemente para la mayoría de los Ayuntamientos, en los próximos meses, será muy elevada.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almonte somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente propuesta:
ACUERDOS:
1.- Solicitar al Ministerio, con carácter de urgencia, un aplazamiento del plazo fijado por el RD 485/2009, con la finalidad de que los Ayuntamientos puedan disponer de un calendario adecuado para poder responder a esta nueva y negativa situación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El proceso de implementación del proyecto neoliberal en nuestro país, marcado en gran medida por las políticas socio-económicas impuestas por las instituciones supranacionales de la U.E. y adoptadas y defendidas por los últimos gobiernos españoles independientemente de su color político, ha significado la privatización y mercantilización de servicios y empresas estratégicas, afectando negativamente a la mayoría de la población y a las instituciones públicas que prestan servicios básicos fundamentales a la ciudadanía.
A pesar de la crisis financiera y socio-económica por la que atraviesa el modelo imperante en las últimas décadas, desde los poderes económicos y políticos dominantes se sigue implementando esas políticas fracasadas. De acuerdo con esta política socio-económica suicida para los intereses generales y públicos, ahora toca completar el denominado proceso de “liberalización del mercado energético”.
Culminado este proceso para los grandes consumidores en Alta Tensión, y visto el fracaso de la “liberalización” para los suministros de Baja Tensión que comenzó en el año 2000, la Ley 17/2007 suprime, a partir del día 1 de enero de 2009, el sistema tarifario de electricidad aunque prevee el establecimiento de unas tarifas de “último recurso”, que son precios máximos y mínimos establecidos por la Administración para determinados consumidores, para quienes se concibe el suministro eléctrico como servicio universal.
El Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, que regula la puesta en marcha del suministro del último recurso en el sector de la energía eléctrica, establece que a partir del 1 de julio de 2009 las tarifas integrales de energía eléctrica quedan extinguidas. Asimismo, establece que pueden acogerse a las tarifas de último recurso los consumidores finales de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 KW. No obstante, dicho límite de potencia podrá ser modificado por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.
Por ello, a partir del 1 de julio todos los suministros de baja tensión que no hayan optado por el pase al “mercado libre” (contratando el suministro con una comercializadora) pasan a una COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO (CUR) con una TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR) regulada por el gobierno. Las CUR serán las únicas comercializadoras obligadas a contratar los suministros con derecho a ello y al precio fijado por el gobierno, además de ser las únicas comercializadoras que podrán dar el BONO SOCIAL.
Los efectos a corto y medio plazo serán importantes para la inmensa mayoría de la población y, sobre todo, para las administraciones públicas que tienen la obligación de prestar servicios esenciales a la sociedad. Especialmente los Ayuntamientos se encontrarán a expensas de los intereses privados de las empresas comercializadoras.
Esta situación va a provocar irremediablemente que los Ayuntamientos con potencia contratada superior a los 10 KW., y por tanto sin derecho a tarifa de último recurso, tengan que iniciar la contratación del suministro eléctrico con una comercializadora y negociar las tarifas. Esto en una situación de falta de información e incertidumbre donde las Corporaciones Locales están siendo estigmatizadas por las compañías cuasi monopolísticas que controlan el mercado.
Además, mientras los Ayuntamientos culminan los expedientes correspondientes para contratar el suministro, serán penalizados con un 5% cada mes mientras no se pasen al “mercado libre”, pues la norma así lo establece para estimularlos a que lo hagan. La subida de la tarifa eléctrica consecuentemente para la mayoría de los Ayuntamientos, en los próximos meses, será muy elevada.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almonte somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente propuesta:
ACUERDOS:
1.- Solicitar al Ministerio, con carácter de urgencia, un aplazamiento del plazo fijado por el RD 485/2009, con la finalidad de que los Ayuntamientos puedan disponer de un calendario adecuado para poder responder a esta nueva y negativa situación.
2.- Solicitar, mientras tanto, la suspensión sine die de la penalización del 5% cada mes en el recibo eléctrico que deben pagar los ayuntamientos por no pasarse al supuesto “mercado libre” impuesto.
3.- Exigir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, urgentemente, considere a los SERVICIOS ESENCIALES MUNICIPALES (alumbrado público, centros de educación obligatoria, guarderías, residencias y centros de mayores, centros de servicios sociales, albergues, y a los servicios públicos en general), tengan una potencia contratada menor o mayor de 10KW., como afectados por la TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO, con la obligación de las Comercializadoras de Último Recurso de prestar el suministro a las Corporaciones Locales.
4.- Dar cuenta de este acuerdo a la Junta de Andalucía, la FAMP y la FEMP.
En Almonte a 26 de Junio de 2009.
Fdo: Fernando Bejerano López
Portavoz de IU-LVCA
3.- Exigir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, urgentemente, considere a los SERVICIOS ESENCIALES MUNICIPALES (alumbrado público, centros de educación obligatoria, guarderías, residencias y centros de mayores, centros de servicios sociales, albergues, y a los servicios públicos en general), tengan una potencia contratada menor o mayor de 10KW., como afectados por la TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO, con la obligación de las Comercializadoras de Último Recurso de prestar el suministro a las Corporaciones Locales.
4.- Dar cuenta de este acuerdo a la Junta de Andalucía, la FAMP y la FEMP.
En Almonte a 26 de Junio de 2009.
Fdo: Fernando Bejerano López
Portavoz de IU-LVCA
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, PARA SU APROBACIÓN EN PLENO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Europa, unas mil explotaciones agrícolas desaparecen diariamente según datos de la Coordinadora Europea de Vía Campesina, en 2008. El nulo interés político por parte de los gobiernos –sólo en épocas electorales- y de las instituciones internacionales por respaldar una agricultura local, familiar y campesina es la principal raíz causante de este problema. La PAC en el marco de la UE y la regulación agraria de la OMC son un ejemplo claro y rotundo del proceso de globalización alimentaria al servicio de los intereses de las multinacionales de la agroindustria y de las instituciones que las amparan.Según el informe de la ONG INTERMON OXFAM, Goliat contra David. Quién gana y quién pierde con la PAC en España y en los países pobres: “las millonarias ayudas de la PAC sostienen un modelo de producción intensiva que premia al que más tiene y provoca importantes distorsiones en mercados internacionales, a menudo a costa de los países en desarrollo” escondiendo “un principio muy simple: cuanto más posees –es decir, cuanto más rico eres-, más apoyo público recibes”. Un ejemplo es el caso del estado español, el 17 % de los propietarios de las mayores explotaciones tienen unos ingresos muy por encima de la media general, mientras que el 60 % de las explotaciones más pequeñas está por debajo de la misma.
Este panorama agrario es en el que se abre paso un modelo de agricultura industrial e intensiva apoyada por la UE y sus gobiernos sin distinción de color político y que provoca un fuerte impacto social y medioambiental, así, sólo en España, entre 1999 y 2003 desaparecieron 147.000 explotaciones familiares provocando el despoblamiento de zonas rurales, su empobrecimiento y la retirada de servicios públicos.
A la par de este escenario, el estado español es el único país de UE que cultiva transgénicos a gran escala y en razón de esto se convierte en la puerta trasera de entrada de OMG (organismos modificados genéticamente) en el continente donde una mayoría se ha decantado por la prohibición de estos organismos: Austria, Grecia, Francia, Hungría, Luxemburgo, a los que se une Alemania más dos países con moratoria, que es una prohibición en la práctica, Italia y Polonia, y a los que a buen seguro se unirán otros. Actualmente, nuestro país importa nueve millones de tn de soja y maíz transgénicos de países que han optado por el uso masivo como Brasil, Estados Unidos y Argentina y que se incorporan a la cadena alimentaria animal y humana. Sus importadores – Cargill, Brunge, Simsa, etc.- no separan los cereales convencionales de los OGM contaminando masivamente las partidas, como ha denunciado Greenpeace en numerosas ocasiones, y al no separarse no se da una protección sistemática de las semillas convencionales y ecológicas aceptándose, de hecho, un índice de contaminación accidental por transgénicos en las mismas, lo que hace que se atente contra la libertad de elección de los campesinos y de los consumidores, y a su vez se pone en peligro la producción agrícola convencional y orgánica.
Este panorama agrario es en el que se abre paso un modelo de agricultura industrial e intensiva apoyada por la UE y sus gobiernos sin distinción de color político y que provoca un fuerte impacto social y medioambiental, así, sólo en España, entre 1999 y 2003 desaparecieron 147.000 explotaciones familiares provocando el despoblamiento de zonas rurales, su empobrecimiento y la retirada de servicios públicos.
A la par de este escenario, el estado español es el único país de UE que cultiva transgénicos a gran escala y en razón de esto se convierte en la puerta trasera de entrada de OMG (organismos modificados genéticamente) en el continente donde una mayoría se ha decantado por la prohibición de estos organismos: Austria, Grecia, Francia, Hungría, Luxemburgo, a los que se une Alemania más dos países con moratoria, que es una prohibición en la práctica, Italia y Polonia, y a los que a buen seguro se unirán otros. Actualmente, nuestro país importa nueve millones de tn de soja y maíz transgénicos de países que han optado por el uso masivo como Brasil, Estados Unidos y Argentina y que se incorporan a la cadena alimentaria animal y humana. Sus importadores – Cargill, Brunge, Simsa, etc.- no separan los cereales convencionales de los OGM contaminando masivamente las partidas, como ha denunciado Greenpeace en numerosas ocasiones, y al no separarse no se da una protección sistemática de las semillas convencionales y ecológicas aceptándose, de hecho, un índice de contaminación accidental por transgénicos en las mismas, lo que hace que se atente contra la libertad de elección de los campesinos y de los consumidores, y a su vez se pone en peligro la producción agrícola convencional y orgánica.
En España con cerca del 75 % de la producción europea, unas 80.000 hectáreas aproximadamente, estamos en el umbral de esos accidentes por contaminación, y todo ello cayendo bajo el peligro que supone la explotación salvaje y los intereses económicos de las grandes multinacionales de la agroindustria como es el caso de MONSANTO que es la única a la que se le permite el cultivo de la variedad de maíz transgénico MON 810, con el riesgo que conlleva estar bajo la marca de una compañía a la que sólo le interesa sus beneficios, su lucro corporativo y el monopolio sobre las semillas y los productos químicos necesarios para su cultivo.
Por todo ello, y dado que en nuestro pueblo se ha declarado medioambientalmente sostenible, IU-LV-CA pide al pleno para su aprobación los siguientes puntos:
1) Declarar el municipio de Almonte como zona libre de cultivos transgénicos.
2) Instar a los parlamentos andaluz y español para que prohíban el cultivo de transgénicos.
3) Instar a que las instituciones públicas y en especial al Ministerio de Agricultura la investigación sobre semillas convencionales y ecológicas que compitan con las híbridas, ya que no está demostrado que éstas últimas hayan dado una mayor producción y se busquen zonas donde esas especies se asienten agrícolamente sin excesivos problemas de plagas.
Por todo ello, y dado que en nuestro pueblo se ha declarado medioambientalmente sostenible, IU-LV-CA pide al pleno para su aprobación los siguientes puntos:
1) Declarar el municipio de Almonte como zona libre de cultivos transgénicos.
2) Instar a los parlamentos andaluz y español para que prohíban el cultivo de transgénicos.
3) Instar a que las instituciones públicas y en especial al Ministerio de Agricultura la investigación sobre semillas convencionales y ecológicas que compitan con las híbridas, ya que no está demostrado que éstas últimas hayan dado una mayor producción y se busquen zonas donde esas especies se asienten agrícolamente sin excesivos problemas de plagas.
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En Almonte a 26 de Junio de 2009.
Fdo: Fernando Bejerano López
Portavoz de IU-LVCA
