La Asamblea local de Izquierda Unida presentó al Pleno de noviembre dos mociones.
En primer lugar se expuso la propuesta de IULV-CA contra la violencia de género, un día que celebraremos el próximo 25 de noviembre y que debe ser empleado para la concienciación de todos los almonteños. Las instituciones, políticos y ciudadanos no pueden olvidar lo necesario que es implementar las políticas destinadas a fulminar esta violencia. El texto fue finalmente aprobado.
texto de la moción Contra la Violencia de Género
La segunda y última pensada para la creación en Almonte de los Huertos Urbanos que tan acetadamente está funcionando en otras localidades de la provincia, así como grandes ciudades andaluzas. La elaboración de los Huertos permiten la constitución de una red de producción y consumo de cercanía, el desarrollo de productos agrícolas ecológicos, baratos y saludables, así como una alternativa laboral y sostenible para el entorno. El voto negativo del Psoe no hizo posible su aprobación.
texto de la moción Huertos Urbanos
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domingo, 18 de noviembre de 2012
miércoles, 15 de julio de 2009
Mociones correspondientes al Pleno del 10-Julio-2009
DEFENSA DE LOS SERVICIOS ESENCIALES MUNICIPALES ANTE LA LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO ENERGÉTICO EN ESPAÑA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El proceso de implementación del proyecto neoliberal en nuestro país, marcado en gran medida por las políticas socio-económicas impuestas por las instituciones supranacionales de la U.E. y adoptadas y defendidas por los últimos gobiernos españoles independientemente de su color político, ha significado la privatización y mercantilización de servicios y empresas estratégicas, afectando negativamente a la mayoría de la población y a las instituciones públicas que prestan servicios básicos fundamentales a la ciudadanía.
A pesar de la crisis financiera y socio-económica por la que atraviesa el modelo imperante en las últimas décadas, desde los poderes económicos y políticos dominantes se sigue implementando esas políticas fracasadas. De acuerdo con esta política socio-económica suicida para los intereses generales y públicos, ahora toca completar el denominado proceso de “liberalización del mercado energético”.
Culminado este proceso para los grandes consumidores en Alta Tensión, y visto el fracaso de la “liberalización” para los suministros de Baja Tensión que comenzó en el año 2000, la Ley 17/2007 suprime, a partir del día 1 de enero de 2009, el sistema tarifario de electricidad aunque prevee el establecimiento de unas tarifas de “último recurso”, que son precios máximos y mínimos establecidos por la Administración para determinados consumidores, para quienes se concibe el suministro eléctrico como servicio universal.
El Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, que regula la puesta en marcha del suministro del último recurso en el sector de la energía eléctrica, establece que a partir del 1 de julio de 2009 las tarifas integrales de energía eléctrica quedan extinguidas. Asimismo, establece que pueden acogerse a las tarifas de último recurso los consumidores finales de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 KW. No obstante, dicho límite de potencia podrá ser modificado por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.
Por ello, a partir del 1 de julio todos los suministros de baja tensión que no hayan optado por el pase al “mercado libre” (contratando el suministro con una comercializadora) pasan a una COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO (CUR) con una TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR) regulada por el gobierno. Las CUR serán las únicas comercializadoras obligadas a contratar los suministros con derecho a ello y al precio fijado por el gobierno, además de ser las únicas comercializadoras que podrán dar el BONO SOCIAL.
Los efectos a corto y medio plazo serán importantes para la inmensa mayoría de la población y, sobre todo, para las administraciones públicas que tienen la obligación de prestar servicios esenciales a la sociedad. Especialmente los Ayuntamientos se encontrarán a expensas de los intereses privados de las empresas comercializadoras.
Esta situación va a provocar irremediablemente que los Ayuntamientos con potencia contratada superior a los 10 KW., y por tanto sin derecho a tarifa de último recurso, tengan que iniciar la contratación del suministro eléctrico con una comercializadora y negociar las tarifas. Esto en una situación de falta de información e incertidumbre donde las Corporaciones Locales están siendo estigmatizadas por las compañías cuasi monopolísticas que controlan el mercado.
Además, mientras los Ayuntamientos culminan los expedientes correspondientes para contratar el suministro, serán penalizados con un 5% cada mes mientras no se pasen al “mercado libre”, pues la norma así lo establece para estimularlos a que lo hagan. La subida de la tarifa eléctrica consecuentemente para la mayoría de los Ayuntamientos, en los próximos meses, será muy elevada.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almonte somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente propuesta:
ACUERDOS:
1.- Solicitar al Ministerio, con carácter de urgencia, un aplazamiento del plazo fijado por el RD 485/2009, con la finalidad de que los Ayuntamientos puedan disponer de un calendario adecuado para poder responder a esta nueva y negativa situación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El proceso de implementación del proyecto neoliberal en nuestro país, marcado en gran medida por las políticas socio-económicas impuestas por las instituciones supranacionales de la U.E. y adoptadas y defendidas por los últimos gobiernos españoles independientemente de su color político, ha significado la privatización y mercantilización de servicios y empresas estratégicas, afectando negativamente a la mayoría de la población y a las instituciones públicas que prestan servicios básicos fundamentales a la ciudadanía.
A pesar de la crisis financiera y socio-económica por la que atraviesa el modelo imperante en las últimas décadas, desde los poderes económicos y políticos dominantes se sigue implementando esas políticas fracasadas. De acuerdo con esta política socio-económica suicida para los intereses generales y públicos, ahora toca completar el denominado proceso de “liberalización del mercado energético”.
Culminado este proceso para los grandes consumidores en Alta Tensión, y visto el fracaso de la “liberalización” para los suministros de Baja Tensión que comenzó en el año 2000, la Ley 17/2007 suprime, a partir del día 1 de enero de 2009, el sistema tarifario de electricidad aunque prevee el establecimiento de unas tarifas de “último recurso”, que son precios máximos y mínimos establecidos por la Administración para determinados consumidores, para quienes se concibe el suministro eléctrico como servicio universal.
El Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, que regula la puesta en marcha del suministro del último recurso en el sector de la energía eléctrica, establece que a partir del 1 de julio de 2009 las tarifas integrales de energía eléctrica quedan extinguidas. Asimismo, establece que pueden acogerse a las tarifas de último recurso los consumidores finales de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 KW. No obstante, dicho límite de potencia podrá ser modificado por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.
Por ello, a partir del 1 de julio todos los suministros de baja tensión que no hayan optado por el pase al “mercado libre” (contratando el suministro con una comercializadora) pasan a una COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO (CUR) con una TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR) regulada por el gobierno. Las CUR serán las únicas comercializadoras obligadas a contratar los suministros con derecho a ello y al precio fijado por el gobierno, además de ser las únicas comercializadoras que podrán dar el BONO SOCIAL.
Los efectos a corto y medio plazo serán importantes para la inmensa mayoría de la población y, sobre todo, para las administraciones públicas que tienen la obligación de prestar servicios esenciales a la sociedad. Especialmente los Ayuntamientos se encontrarán a expensas de los intereses privados de las empresas comercializadoras.
Esta situación va a provocar irremediablemente que los Ayuntamientos con potencia contratada superior a los 10 KW., y por tanto sin derecho a tarifa de último recurso, tengan que iniciar la contratación del suministro eléctrico con una comercializadora y negociar las tarifas. Esto en una situación de falta de información e incertidumbre donde las Corporaciones Locales están siendo estigmatizadas por las compañías cuasi monopolísticas que controlan el mercado.
Además, mientras los Ayuntamientos culminan los expedientes correspondientes para contratar el suministro, serán penalizados con un 5% cada mes mientras no se pasen al “mercado libre”, pues la norma así lo establece para estimularlos a que lo hagan. La subida de la tarifa eléctrica consecuentemente para la mayoría de los Ayuntamientos, en los próximos meses, será muy elevada.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almonte somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento la siguiente propuesta:
ACUERDOS:
1.- Solicitar al Ministerio, con carácter de urgencia, un aplazamiento del plazo fijado por el RD 485/2009, con la finalidad de que los Ayuntamientos puedan disponer de un calendario adecuado para poder responder a esta nueva y negativa situación.
2.- Solicitar, mientras tanto, la suspensión sine die de la penalización del 5% cada mes en el recibo eléctrico que deben pagar los ayuntamientos por no pasarse al supuesto “mercado libre” impuesto.
3.- Exigir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, urgentemente, considere a los SERVICIOS ESENCIALES MUNICIPALES (alumbrado público, centros de educación obligatoria, guarderías, residencias y centros de mayores, centros de servicios sociales, albergues, y a los servicios públicos en general), tengan una potencia contratada menor o mayor de 10KW., como afectados por la TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO, con la obligación de las Comercializadoras de Último Recurso de prestar el suministro a las Corporaciones Locales.
4.- Dar cuenta de este acuerdo a la Junta de Andalucía, la FAMP y la FEMP.
En Almonte a 26 de Junio de 2009.
Fdo: Fernando Bejerano López
Portavoz de IU-LVCA
3.- Exigir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que, urgentemente, considere a los SERVICIOS ESENCIALES MUNICIPALES (alumbrado público, centros de educación obligatoria, guarderías, residencias y centros de mayores, centros de servicios sociales, albergues, y a los servicios públicos en general), tengan una potencia contratada menor o mayor de 10KW., como afectados por la TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO, con la obligación de las Comercializadoras de Último Recurso de prestar el suministro a las Corporaciones Locales.
4.- Dar cuenta de este acuerdo a la Junta de Andalucía, la FAMP y la FEMP.
En Almonte a 26 de Junio de 2009.
Fdo: Fernando Bejerano López
Portavoz de IU-LVCA
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, PARA SU APROBACIÓN EN PLENO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Europa, unas mil explotaciones agrícolas desaparecen diariamente según datos de la Coordinadora Europea de Vía Campesina, en 2008. El nulo interés político por parte de los gobiernos –sólo en épocas electorales- y de las instituciones internacionales por respaldar una agricultura local, familiar y campesina es la principal raíz causante de este problema. La PAC en el marco de la UE y la regulación agraria de la OMC son un ejemplo claro y rotundo del proceso de globalización alimentaria al servicio de los intereses de las multinacionales de la agroindustria y de las instituciones que las amparan.Según el informe de la ONG INTERMON OXFAM, Goliat contra David. Quién gana y quién pierde con la PAC en España y en los países pobres: “las millonarias ayudas de la PAC sostienen un modelo de producción intensiva que premia al que más tiene y provoca importantes distorsiones en mercados internacionales, a menudo a costa de los países en desarrollo” escondiendo “un principio muy simple: cuanto más posees –es decir, cuanto más rico eres-, más apoyo público recibes”. Un ejemplo es el caso del estado español, el 17 % de los propietarios de las mayores explotaciones tienen unos ingresos muy por encima de la media general, mientras que el 60 % de las explotaciones más pequeñas está por debajo de la misma.
Este panorama agrario es en el que se abre paso un modelo de agricultura industrial e intensiva apoyada por la UE y sus gobiernos sin distinción de color político y que provoca un fuerte impacto social y medioambiental, así, sólo en España, entre 1999 y 2003 desaparecieron 147.000 explotaciones familiares provocando el despoblamiento de zonas rurales, su empobrecimiento y la retirada de servicios públicos.
A la par de este escenario, el estado español es el único país de UE que cultiva transgénicos a gran escala y en razón de esto se convierte en la puerta trasera de entrada de OMG (organismos modificados genéticamente) en el continente donde una mayoría se ha decantado por la prohibición de estos organismos: Austria, Grecia, Francia, Hungría, Luxemburgo, a los que se une Alemania más dos países con moratoria, que es una prohibición en la práctica, Italia y Polonia, y a los que a buen seguro se unirán otros. Actualmente, nuestro país importa nueve millones de tn de soja y maíz transgénicos de países que han optado por el uso masivo como Brasil, Estados Unidos y Argentina y que se incorporan a la cadena alimentaria animal y humana. Sus importadores – Cargill, Brunge, Simsa, etc.- no separan los cereales convencionales de los OGM contaminando masivamente las partidas, como ha denunciado Greenpeace en numerosas ocasiones, y al no separarse no se da una protección sistemática de las semillas convencionales y ecológicas aceptándose, de hecho, un índice de contaminación accidental por transgénicos en las mismas, lo que hace que se atente contra la libertad de elección de los campesinos y de los consumidores, y a su vez se pone en peligro la producción agrícola convencional y orgánica.
Este panorama agrario es en el que se abre paso un modelo de agricultura industrial e intensiva apoyada por la UE y sus gobiernos sin distinción de color político y que provoca un fuerte impacto social y medioambiental, así, sólo en España, entre 1999 y 2003 desaparecieron 147.000 explotaciones familiares provocando el despoblamiento de zonas rurales, su empobrecimiento y la retirada de servicios públicos.
A la par de este escenario, el estado español es el único país de UE que cultiva transgénicos a gran escala y en razón de esto se convierte en la puerta trasera de entrada de OMG (organismos modificados genéticamente) en el continente donde una mayoría se ha decantado por la prohibición de estos organismos: Austria, Grecia, Francia, Hungría, Luxemburgo, a los que se une Alemania más dos países con moratoria, que es una prohibición en la práctica, Italia y Polonia, y a los que a buen seguro se unirán otros. Actualmente, nuestro país importa nueve millones de tn de soja y maíz transgénicos de países que han optado por el uso masivo como Brasil, Estados Unidos y Argentina y que se incorporan a la cadena alimentaria animal y humana. Sus importadores – Cargill, Brunge, Simsa, etc.- no separan los cereales convencionales de los OGM contaminando masivamente las partidas, como ha denunciado Greenpeace en numerosas ocasiones, y al no separarse no se da una protección sistemática de las semillas convencionales y ecológicas aceptándose, de hecho, un índice de contaminación accidental por transgénicos en las mismas, lo que hace que se atente contra la libertad de elección de los campesinos y de los consumidores, y a su vez se pone en peligro la producción agrícola convencional y orgánica.
En España con cerca del 75 % de la producción europea, unas 80.000 hectáreas aproximadamente, estamos en el umbral de esos accidentes por contaminación, y todo ello cayendo bajo el peligro que supone la explotación salvaje y los intereses económicos de las grandes multinacionales de la agroindustria como es el caso de MONSANTO que es la única a la que se le permite el cultivo de la variedad de maíz transgénico MON 810, con el riesgo que conlleva estar bajo la marca de una compañía a la que sólo le interesa sus beneficios, su lucro corporativo y el monopolio sobre las semillas y los productos químicos necesarios para su cultivo.
Por todo ello, y dado que en nuestro pueblo se ha declarado medioambientalmente sostenible, IU-LV-CA pide al pleno para su aprobación los siguientes puntos:
1) Declarar el municipio de Almonte como zona libre de cultivos transgénicos.
2) Instar a los parlamentos andaluz y español para que prohíban el cultivo de transgénicos.
3) Instar a que las instituciones públicas y en especial al Ministerio de Agricultura la investigación sobre semillas convencionales y ecológicas que compitan con las híbridas, ya que no está demostrado que éstas últimas hayan dado una mayor producción y se busquen zonas donde esas especies se asienten agrícolamente sin excesivos problemas de plagas.
Por todo ello, y dado que en nuestro pueblo se ha declarado medioambientalmente sostenible, IU-LV-CA pide al pleno para su aprobación los siguientes puntos:
1) Declarar el municipio de Almonte como zona libre de cultivos transgénicos.
2) Instar a los parlamentos andaluz y español para que prohíban el cultivo de transgénicos.
3) Instar a que las instituciones públicas y en especial al Ministerio de Agricultura la investigación sobre semillas convencionales y ecológicas que compitan con las híbridas, ya que no está demostrado que éstas últimas hayan dado una mayor producción y se busquen zonas donde esas especies se asienten agrícolamente sin excesivos problemas de plagas.
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En Almonte a 26 de Junio de 2009.
Fdo: Fernando Bejerano López
Portavoz de IU-LVCA
viernes, 24 de abril de 2009
Moción presentada en el Ayuntamiento de Almonte el pasado 8 de abril.
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, PARA SU APROBACIÓN EN PLENO.
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, PARA SU APROBACIÓN EN PLENO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Septiembre del año 2005 se acordó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la redacción del II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, por el que durante el 2006 y 2007 se realizaron jornadas de participación para dicha elaboración y cuyas conclusiones se editaron el 14 de Enero del 2008.
Los Ayuntamientos de la zona aportaron en Julio del 2008 una 550 propuestas para su inclusión en el II PDS. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de que se halla realizado el informe final del II PDS.
La puesta en marcha del II PDS, permitirá reactivar la economía y generar puestos de trabajo, tan necesarios hoy en día, y teniendo en cuenta esta situación económica actual, y el hecho de que esta situación lleve a tomar medidas desesperadas por parte de las instituciones, en el deseo de generar empleo y no perder la capacidad de inversión que les permite el Fondo Estatal de Inversión Local, y por ello pueda ocurrir que alguna de esas medidas pudieran estar enfrentada con las medidas de actuación que pueden salir en el II PDS.
Es por lo que proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Almonte lo siguiente:
MOCIÓN
1.- Instar a la Junta de Andalucía a que en el menor tiempo posible determine los contenidos del II PDS, así como su cuantificación económica para su puesta en marcha.
En Almonte, a 24 de marzo de 2009
Fernando Bejerano López
Portavoz del Grupo Municipal de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Almonte
Moción presentada en el Ayuntamiento de Almonte el pasado 8 de abril.
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, PARA SU APROBACIÓN EN PLENO, NO A LA VIOLENCIA DE ESTADO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El vergonzoso desalojo y la brutal carga policial que sufrieron, el pasado 18 de marzo, los estudiantes que se manifestaban contra Bolonia no es un hecho aislado. Es una manifestación más de la política de “tolerancia” y “diálogo” del Estado y sus gobiernos sean del signo político que sea.
Lamentablemente nos han acostumbrado a contemplar la provocación de los manifestantes como la nota dominante en las manifestaciones y el detonante de la violencia policial para disolverlas, pero esto es una falsedad. Primero porque ningún tipo de violencia por parte de los cuerpos y seguridad del estado sobre una manifestación está justificada, y segundo porque ninguna manifestación nace con predisposición a la violencia.
Pero las imágenes que todos hemos podido contemplar, es una muestra más de que estos Estados y sus políticos profesionales siempre han protegido y protegerán al capital por encima de los ciudadanos. No es casualidad que siempre que se han atacado alguno de sus pilares o instituciones de poder, cuando los ciudadanos y trabajadores hemos reclamado nuestros derechos u opuesto, han usado la violencia. Sirva como ejemplo la disolución de la huelga de camioneros del pasado año, la desproporcionada acción en Sevilla a los Mineros de Boliden tras ocupar las vías del AVE, la reciente agresión en Barcelona a los Estudiantes o el desalojo en la Universidad de Mallorca.
Todos hemos podido comprobar con nuestros propios ojos la existencia de la violencia inherente al sistema, el máximo representante del poder de coerción de los Estados. Desde IU-LVCA nos hemos cansado de ver como se cometen estos actos impunemente por los Gobiernos y como son contemplados con indiferencia por la sociedad. No reconocemos como propias de un estado democrático y un gobierno que se “autoproclama socialista” que se consientan las acciones que se llevaron a cabo en Barcelona y jamás aceptaremos cualquier uso violento en las manifestaciones. Por ello presentamos la siguiente:
MOCIÓN
1) Que el Ayuntamiento de Almonte condena públicamente todo tipo de violencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante cualquier tipo de manifestación de carácter reivindicativo y social.
2) Que el Ayuntamiento de Almonte manifiesta al gobierno Catalán, y más concretamente al Consejero del Interior Joan Saura, nuestra indignación y repulsa ante lo ocurrido en el desalojo de la Universidad de Barcelona y en las calles de la ciudad, instándoles a que, si aún mantiene algún atisbo de decencia democrática, dimita de su cargo y cese de inmediato al director general de la policía Rafael Olmos.
3) El Ayuntamiento de Almonte muestra su queja al ministro del Interior Español Alfredo Pérez Rubalcaba. Al igual que al rector de la Universidad de Barcelona Dídac Ramírez, por haber autorizado el lamentable desalojo de la Universidad.
4) El Ayuntamiento de Almonte se solidariza con todos los Estudiantes Universitarios y ciudadanos afectados por esta ola de violencia o cualquier otra forma de opresión ejercida por el Estado a lo largo de todo el proceso de protesta estudiantil para que no se vuelvan a repetir. Así como instar a la Generalitat y al Gobierno Español que se sume con unas públicas disculpas.
En Almonte, a 24 de marzo de 2009
Fernando Bejerano López
Portavoz del Grupo Municipal de IU LV-CA en el Ayuntamiento de Almonte
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