El Ayuntamiento de Almonte ha contribuido como actor principal a la crisis económica y social que padecemos, al haber desarrollado una política especulativa en torno a la construcción. Contraviniendo con ello los conceptos de desarrollo sostenible, y de pueblo socialmente justo, pusieron al servicio de una selecta minoría los recursos económicos y humanos de nuestro pueblo, siendo Matalascañas y el Rocío sus máximos exponentes. Pero también dejando el campo a merced de las grandes compañías de monocultivos intensivos que se han instalado en nuestro entorno con el beneplácito de nuestro Ayuntamiento y de las instituciones superiores al mismo. En unas décadas nos han transformado en un municipio enfocado a la construcción y a un precario sector servicios que nunca llegó a despegar.
Estas acciones efectuadas por el Ayuntamiento de Almonte bajo gobierno Psoe no son criticadas por IULV-CA porque suponga algún tipo de irregularidad legal puesto que –llamentablemente y contraviniendo los postulados ideológicos de IULV-CA– la legalidad vigente y el gobierno (ver ley del Suelo de 1998) garantiza y respalda que los Ayuntamientos especulen y participen del enriquecimiento del poder económico, atentando contra los intereses de la mayoría social. Lo que IULV-CA critica es que el Psoe de Almonte haya sido partícipe de todo este proceso especulador cuando pudo haberlo evitado, pues el Ayuntamiento no estaba obligado a hacerle el juego a los poderosos. Pero el equipo de gobierno del Psoe estaba empecinado en proseguir con su “modelo” insostenible para Almonte (construcción y servicios), reproduciendo el modelo económico desarrollado en otros puntos costeros de Andalucía, donde todos los Ayuntamientos eran protagonistas y promotores.
La transformación económica ejecutada por el Psoe en estas últimas décadas ha dejado a Almonte sin futuro y con deudas en las instituciones. El Psoe ha dirigido su acción política hacia una minoría y ha dado la espalda a la clase trabajadora de Almonte.