La Asamblea Local de
Izquierda Unida de Almonte plantea en su moción para este Pleno establecer criterios de prioridad para
atender los pagos del plan de proveedores y declaración de ilegitimidad de
parte de dicha deuda. Esta organización considera ilegítima parte de la deuda adquirida
por el Ayuntamiento a cargo del RDL 4/2012 y plantea como esencial priorizar el
gasto presupuestario a la prestación de los servicios hacia los almonteños antes
que el pago a las entidades bancarias privadas. Estas medidas también supondrían
un desahogo económico para un Ayuntamiento que en 2014 comenzaría a pagar 5
millones de euros a los Bancos en concepto de diferentes créditos.
El 29 de marzo de
2011 el Ayuntamiento de Almonte en pleno extraordinario aprobaba el plan de ajuste en base al RDL 4/2012
sobre el pago a proveedores para entidades locales impulsado por el Ministerio
de Hacienda. El Estado obligaba a las entidades locales a acogerse a una
petición crediticia con el ICO para hacer frente a las deudas que mantenían con
los proveedores y solicitaba a los Ayuntamientos como garantía la
estructuración de un plan de ajuste que garantizara por encima de todo el pago
del crédito solicitado al ICO. Si algún Ayuntamiento no se acogía a esta medida
o resultaba rechazado porque su Plan de Ajuste no fuese lo más eficiente
posible, el Estado intervendría las cuentas de las entidades locales detrayendo
la parte proporcional de lo adeudado con los proveedores de las transferencias
que mensualmente realiza, provocando el colapso administrativo y de prestación
de servicios de los Ayuntamientos. La financiación de esta operación correría a
cargo de las entidades bancarias con dinero público obtenido al 1% del Banco de España y vendido a las entidades
locales al 5-6%. Las entidades locales tendrán diez años para devolver el
dinero con dos años iniciales de cadencia.
A este respecto la Asamblea Local
1) Que parte de los 12
millones solicitados al ICO debe ser considerado como deuda ilegítima. El RDL 4/2012 ha sido configurado para
continuar beneficiando a la banca privada empleando dinero público permitiendo
que, el dinero recibido del Banco del estado español al 1% fuese vendido al 5%
de interés a las administraciones públicas, aumentando así de forma desorbitada
la deuda de los Ayuntamientos. En Almonte de los 11 millones de euros,
aproximadamente el 5% de esa cantidad va a ir directamente a los Bancos sin
poner nada en riesgo y continuando con su actividad especuladora.
2) Que por encima del
pago de deudas a entidades bancarias debe primar el interés general y la
prestación de los servicios públicos. El plan de ajuste
aprobado en Almonte se estructuró con una serie de medidas orientadas a evitar
que los gastos no excediesen de los ingresos, a optimizar los recursos y una
adecuada financiación de los servicios públicos. Pero la viabilidad de la
prestación de los servicios se pone en cuestión cuando en 2014 se comience a pagara los 11 millones
a razón de 1,4 millones de euros anuales hasta 2022. Si añadimos esta cantidad
a lo que ya se está pagando en otras tantas operaciones de créditos el
Ayuntamiento de Almonte tendrá que suportar en 2014 una carga de 33 millones de
euros, una cantidad que desde Izquierda Unida consideramos pone en peligro la
viabilidad de esta institución y la prestación de sus servicios.
En base a estos
criterios y porque el artículo 156 del Estatuto de Andalucía dice que Toda la
riqueza de la
Comunidad Autónoma , en sus distintas formas y
manifestaciones, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés
general y ¿qué interés puede ser más general que la correcta prestación de los
servicios públicos y el mantenimiento de los empleos ligados a él? es por lo
que la Asamblea
local de Izquierda Unida va a solicitar al Pleno del Ayuntamiento de Almonte
que adopte los siguientes acuerdos:
1- Considerar ilegítimos los intereses
contratados con las instituciones financieras, Bankia, Bankinter, Caixa Bank,
CAM, Banco Mare Nostrum, Caja Rural, Banco Sabadell y Banco Santander; capital
prestado al Ayto de Almonte como parte del Plan de Pago de Proveedores 2012.
2- Contemplar como prioritario el interés general a la hora de aplicar
los criterios establecidos por el plan de proveedores y pago al ICO, haciendo
uso del mismo en caso de las prestaciones de los servicios básicos se vean
vulnerados.
3- Transmitir a las administraciones superiores, Estado Central y Junta
de Andalucía la necesidad de establecer un criterio de prioridades para atender
los pagos del Plan de proveedores locales, donde prime el mantenimiento y
viabilidad de los Ayuntamiento permitiendo mayor flexibilidad a la hora de
hacer frente a dicho pago.
4- Tomar las medidas legales necesarias orientadas
hacia la justicia española, Europea e internacional para la nulidad de la deuda
ilegítima.
#Almonteesloprimero
